Minutos antes de recibir en su despacho a El Espectador, Edmundo Cáceres* recibe una llamada telefónica. Al otro lado de la línea, un padre de familia le dice que, muy a su pesar y debido a la ola de violencia que envuelve a las comunas populares de Medellín, tendrá que sacar a su hijo de la institución educativa de la que Cáceres es directivo. Uno de cada cuatro alumnos de este centro escolar, con capacidad para instruir a más de mil alumnos, tuvieron que dejar las aulas en los últimos meses.
Con más de diez años como directivo docente en las zonas de orden público más convulsionadas de Medellín, Edmundo es un hombre que ha desarrollado un tacto ‘especial’, una especie de talento para hacer su trabajo, tratar afablemente a sus alumnos y regresar sano y salvo a casa. Por amenazas de grupos armados, en las últimas semanas dos de sus compañeros que también estaban al frente de la institución tuvieron que ser trasladados hasta otros centros educativos.
Aunque la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA) registró el desplazamiento laboral forzado de 119 docentes de Medellín durante el 2009, diversas fuentes consultadas por El Espectador coinciden en que las principales víctimas del rebrote de violencia de los últimos meses son los son los menores de edad y, en partícular, los estudiantes.
La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) reveló esta semana un informe según el cual 1.355 estudiantes “tuvieron que huir de sus colegios” por factores relacionadas con los enfrentamientos armados. Un testimonio recogido por esta ONG relata: “Yo vivo en Pedregal y tengo que pasar al colegio en Castilla y para que no me reconozcan me voy sin uniforme y cuando estoy en la entrada del colegio me lo pongo. Esta es la única forma que tengo para ir caminando, porque o si no, tendría que dejar de estudiar porque en mi casa no tienen plata para pagar el bus. Otros compañeros llevan la camiseta dentro del bolso y se la ponen dentro de la escuela porque por las calles está prohibido usarlas”.
Un músico que integraba la red de bandas municipal, una promesa del deporte nacional que ahora juega en la selección Colombia y hasta una reina de belleza son algunos de los estudiantes que no ha vuelto a ver Edmundo en su institución. “A mí me duele mucho verlos partir”, dice. El año anterior, ‘partió’ uno desde la puerta de la institución educativa.
Muerte en la escuela
“El Comité Municipal de Derechos Humanos (CMDH) observa con profunda preocupación el asesinato de 11 estudiantes, cerca o en sus colegios, y los 120 niños/as asesinados el año pasado, mucho de estos estudiantes de colegios de secundaria”. Uno de estos 11 estudiantes asesinados en el 2009 que recuerda el CMDH en carta al Concejo de la ciudad cayó a pocos metros de la oficina de Edmundo. Según las cuentas de ADIDA, en lo que va del año van 5 estudiantes asesinados en inmediaciones de sus escuelas y 5 docentes más han perdido la vida violentamente por desempeñar su oficio.
Cuando se desatan las balaceras en los alrededores del colegio, el mismo teléfono por el que Edmundo Cáceres acaba de escuchar que pierde un alumno más, sirve para que los estudiantes suavicen sus preocupaciones. Los jóvenes se agolpan en la oficina de este directivo para llamar a sus casas mientras, por los altoparlantes, se escucha la orden de quedarse en el piso, encerrados en los salones.
En un instante, desde que la explosión de la bala estalla hasta que su eco deja de rebotar abajo en el valle, la escuela se convierte en fortaleza, hasta que amaine el contrapunteo armado. Algunos, en especial los de los grados superiores, dice Cáceres, aprovechan para colar una mirada y así presenciar un capítulo de la serie de televisión Rosario Tijeras, en vivo y en directo. Los ‘muchachos’ recorren a toda prisa el perímetro del colegio-resguardo con sus armas largas.
Aunque estos enfrentamientos nunca han tenido como escenario la institución misma, esta violencia periférica ya es de por sí una grave contravención al Derecho Internacional Humanitario. Recientemente, la UNESCO incluyó a Colombia entre los 6 países del mundo “donde se han registrado en los últimos años más actos de violencia dirigidos contra los sistemas educativos”. En un informe mundial presentado en el mes de febrero llamado “La educación víctima de la violencia armada”, el organismo adscrito a las Naciones Unidas informa sobre los 310 asesinatos de docentes ocurridos entre 2000 y 2006 en el país.
Más preocupante aún es que todo parece indicar que estos ataques indirectos al buen funcionamiento de las instituciones educativas no son un hecho exclusivo de una parte determinada de la ciudad o sus municipios vecinos. Este jueves, denunció la Corporación Nueva Gente del municipio de Itagüí, “se convocaron y reunieron a un número considerable de estudiantes de la Institución Educativa Enrique Vélez Escobar que viven en la vereda el Ajizal para informarles que por las amenazas y por la presunta amenaza de un ataque al interior del colegio serían llevados a sus casas por la Policía”.
Así ocurrió. Los estudiantes regresaron temprano a casa y a bordo de los vehículos oficiales. Actualmente, 58 instituciones educativas –una de cada cuatro- cuentan con el acompañamiento de la fuerza pública. En 10 de ellas, además, se está aplicando el programa “requisas pedagógicas” por petición de los rectores, el cual ha despertado un vehemente rechazo de parte de numerosas organizaciones vinculadas a la educación.
También esta semana un estudiante fue acribillado a las puertas de una iglesia del barrio Campoamor mientras se mantiene la alerta emitida por la Personería de Medellín sobre CEDEPRO, una institución por la cual circuló “un panfleto en el que se amenaza de muerte a más de 20 personas, habitantes del Corregimiento de Altavista”. Para completar este enrevesado panorama, COHDES alerta sobre el porcentaje de desplazados intraurbanos que asistían a clases. De 4.375 registrados, 1.355 eran estudiantes. Es decir, el 30 por ciento de quienes tuvieron que dejar sus casas por la violencia urbana.
Estudiantes en fuga
La historia que acaba de escuchar Cáceres telefónicamente, literalmente, cierra todos los caminos. Para que el hijo de esta madre de familia llegue a la escuela tiene que “bajar” la montaña y cruzar un caserío bajo el control de una peligrosa banda. Esto ya no es una opción. Las “fronteras invisibles” en esta ciudad parcelada ‘exigen’ que su hijo se quedé con los suyos, los de su barrio, sea o no cómplice de quienes armados. Hacia el sur, desde la cañada, la situación es la misma. Montaña arriba no hay más que eso, montaña. Hacia el norte, todos los de su barrio han trasteado las maletas y los cuadernos, a tal punto que hay quienes hablan ya de un hacinamiento escolar.
Algo similar ocurre en los barrios Esfuerzos de paz 1 y 2. Los límites fronterizos entre “rancheros” y morreros” son claros, a pesar de que comparten, entre caserío y asentamiento, hasta el nombre. En su mayoría estos dos barrios, uno encima del otro, están habitados por población rural desplazada. Una vez más, gracias ahora a las armas de la ciudad, esta población vulnerable está hablando de territorios vedados, perdidos.
Los límites impuestos por las armas son la principal causa que, según la Corporación CEDECIS, ha jalonando la deserción durante los últimos 4 meses. Y para COHDES, la decersión afecta hoy por hoy a las dos terceras partes de las comunas de la ciudad. Sin embargo, producto del enfrentamiento entre alias Valenciano y alias Sebastián, colegios de barrios como Pedregal, Castilla, Santo Domingo Savio, Manrique, San Javier y Altavista han sido los más afectados.
Es incierto aún el número de estudiantes que pudieron encontrar una nueva escuela luego de haber desertado. En su revelador informe, COHDES señala: “Algunos contaron con suerte y fueron reubicados en otros centros educativos. Otros, están agazapados en sus casas, sin hacer nada, porque temen que donde estén los encuentren”.
Por supuesto, la decersión tiene conexión directa con los índice de desescolarización. A pesar de que la Alcaldía de Medellín los estima bajos –aún no consolidan los de este año y hasta el 2009, según la cifra oficial, venía en un descenso constante–, dos organizaciones acaban de revelar preocupantes informes. La Corporación Educativa Combos encontró a 264 niños que, por diversos motivos, no reciben educación. A su vez, la Corporación CEDECIS le contó a El Espectador cómo en tan solo tres asentamientos de la ciudad se hayan 244 menores en edad escolar sin recibir estudio.
El Secretario de Educación de Medellín, Felipe Gil, considera que más que deserción, lo que vive la ciudad es un fenómeno de libre movilización. Ante algunos eventos alarmantes de deserción presentados a principios de este año conocidos por su despacho, afirmó que se “está en proceso de superación. Creemos que todavía hay algunas dificultades en algunos puntos de la ciudad, pero para eso están los organismos de seguridad y nosotros lo que hacemos es buscar las herramientas para que los niños no se retiren del sistema educativo”.
Desescolarización o deserción, el tema preocupa en una ciudad que gasta más recursos en educación que en cualquier otro rubro, y que hasta hace muy poco presumía tener, como bandera de batalla, el título de ser “la más educada”.
Si no fuera por las aulas…
Edmundo Cáceres reconoce el compromiso con la educación de esta administración y de la anterior, encabezada por el ahora candidato a la vicepresidencia Sergio Fajardo. “Decadencia”, “tragedia”, son dos palabras que este pedagogo asocia a la posibilidad de no haber contado con una política educativa tan fuerte como la que ha impulsado la Alcaldía de Medellín en los últimos años.
Esta visión un tanto apocalíptica la empieza a compartir la Personería de Medellín. Recientemente, esta agencia del ministerio público instó “a las autoridades –sin que prime “la preocupación por la buena imagen de la ciudad”– para que generen los espacios y programas que permitan evitar la crisis humanitaria que se anuncia”.
Además, señaló también la Personería que “esta realidad demuestra que medidas implementadas tales como las operaciones militares, el despliegue amplio de pie de fuerza para la vigilancia y el control permanente, no han sido y se avizora que no serán la solución a los problemas de conflicto y violencia en Medellín”.
Aunque con menos alumnos a su alrededor, Edmundo Cáceres no está solo en su propósito de hacer una ciudad con un mejor nivel educativo. Desde los filos de las partes altas de la ciudad, desde las aulas, este hombre vio cambiar de mentalidad a toda una generación, gracias a la educación.
Para él, lo más importante es contar con los jóvenes de las zonas más pobres de la ciudad. A pesar de los problemas latentes, esta ciudad cambió. Por lo menos desde la mentalidad. Ellos tienen ahora, dice Cáceres, la ambición y, lo más importante, la oportunidad de estudiar, de encarrilar un proyecto con sus vidas que las armas de manera cíclica condenan al “no futuro”.
* Nombre cambiado a petición de la fuente.
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